Lunes, 18 Mayo 2015

“RETOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA UNA GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE”

Escrito por 
Valora este artículo
(4 votos)

En nuestro País, el primero de enero de este año y hasta diciembre del año dos mil dieciocho, han iniciado un nuevo período de gestión 195 Municipalidades provinciales y 1,647 Municipalidades distritales.

Algunas de sus autoridades (Alcalde y Regidores) han sido reelegidas, otros vuelven a la gestión municipal, pero la gran mayoría son nuevas autoridades, que en el más corto plazo están asumiendo la gestión local de sus territorios municipales, con los problemas y retos que ello significa. Y, que en el ejercicio de un autentico Gobierno Local, tendrán que atender entre otros aspectos: las necesidades y requerimientos de infraestructura social y productiva; impulsar y apoyar proyectos productivos que generen empleo e ingresos a las poblaciones de sus jurisdicciones; afrontar el gran flagelo de inseguridad que existe aún en el Municipio más pequeño, y es mayor en Municipios grandes; y buscar soluciones consensuadas y responsables de los problemas ambientales, desde la gestión de los residuos sólidos que producen las familias de su ámbito municipal, hasta la contaminación minera actual y futura.

En este artículo, nos ocuparemos de los retos que los Gobiernos Locales actuales tienen para afrontar los principales problemas ambientales presentes en su jurisdicción municipal, en la perspectiva de una gestión ambiental responsable

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS QUE ACTUALMENTE TIENEN QUE AFRONTAR LAS MUNICIPALIDADES, COMO GOBIERNOS LOCALES DE SU ÁMBITO?.

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales, en acción conjunta con el Gobierno Nacional, garantizar un ambiente saludable para el desarrollo de la vida de las familias y población de su ámbito, y para que ello suceda, en materia ambiental deben afrontar prioritariamente los siguientes problemas:

  1. Mal tratamiento y disposición final de los residuos sólidos (basura).

Según el  Informe sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos para el año 2012, elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), estima que en el País se generan 17,400 toneladas de residuos sólidos al día. Menciona que en la costa se generan 0.597 kilos de residuos al día por persona, en la selva 0.599 kilos, y en la sierra 0.527 kilos, lo que hace un promedio de 0.574 kilos de residuos sólidos al día por cada peruano. Señala que son los habitantes de la costa los que producen mayor cantidad de basura en el Perú, siendo la capital Lima con ocho millones y medio de personas, donde se genera 5 millones 355 mil 222 kilogramos de residuos por día, siguiéndole pero con mucha menor cantidad las regiones de La Libertad con 755 mil 096 kilogramos al día, Piura con 694 mil 974, la región Callao con 599 mil 693, Arequipa con 553 mil 254, Lambayeque con 467 mil 216, y Ancash con 446 mil 268. También se genera en Amazonas 93 mil 813 kilogramos al día, en Cajamarca 265 mil 438, en Tumbes 84 mil 554, y en San Martin 290 mil 864.

                                                                                  

Siendo la composición de estos residuos sólidos: materia orgánica 50.9%, plástico 10.1%, residuos peligrosos 8.5%, material inerte 7.1%, otros 4.9%, papel 4.8%, madera y restos de jardín 3.4%, cartón 3.3%, vidrio 3.2%, metales 2.8%, telas y textiles 1.8%, cuero, caucho y jebe 1.6%, huesos 0.8%, tetrapack 0.6%, y residuos de aparatos electrónicos 0.4%

La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos es responsabilidad de los Gobiernos Locales. Son recolectados por las familias y las Municipalidades mediante el barrido, en algunos casos en buena forma y otros de manera deficiente, para luego ser transportados a rellenos sanitarios (que son pocos casos) y en su mayoría a botaderos municipales rústicos e insalubres, existiendo en este último paso una segregación informal de ciertos componentes, que son vendidos a recicladores también informales. Entonces puede afirmarse que existe, en la mayoría de ciudades y centros poblados (urbanos y rurales), que son jurisdicción de las Municipalidades, una mal tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

  1. Deficiente tratamiento y vertimiento de las aguas residuales, producidas en los sistemas de saneamiento construidos (alcantarillado u otra modalidad).

Según el Plan de Inversiones del Sector Saneamiento de Alcance Nacional 2014 – 2021 elaborado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), en el Capítulo III: Coberturas, menciona que en el País al año 2013, la población servida con sistemas de saneamiento (alcantarillado u otra modalidad) era 20 millones 671 mil 260 habitantes, de la cual 19 millones 273 mil 285 que corresponde a una cobertura de 83.6% era población urbana (8 millones 457 mil 232 corresponden a Lima), y 1 millón 397 mil 975 que significa una cobertura de 18.9% es población rural. Y de esta población servida, 16 millones 013 mil 182 corresponde a los sistemas de alcantarillado de las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) en 201 localidades bajo su ámbito (Lima Metropolitana, 43 ciudades grandes, 55 medianas, 86 pequeñas, y 16 localidades rurales concentradas), y los restantes 4 millones 658 mil 078 es la población atendida con los sistemas de saneamiento bajo administración de las Municipalidades y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), pero estas últimas bajo supervisión de las Municipalidades de la jurisdicción a la que pertenecen.

                                                                                     

También en este Plan del MVCS se indica, que de esta población servida; a diciembre del 2013 SUNAAS reporta que las EPS han volcado a la red de alcantarillado 798 millones de m3 de aguas residuales, de los cuales fueron tratadas en las 149 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 379 millones de m3 (47.5% del total). De ello se deduce, que los restantes 419 millones de m3 no han sido tratados y han sido vertidos sin tratamiento alguno al mar, ríos, quebradas u otros lugares de vertimiento, con la consiguiente contaminación de los mismos.

No hay información, pero situación similar o más grave se presenta en los sistemas de saneamiento bajo administración de las Municipalidades y JAAS, que corresponde principalmente a pequeñas ciudades, centros poblados y localidades rurales, con la contaminación que significa en estos ámbitos.

 

  1. Contaminación del aire: acústica, emisión de gases y material particulado.

En nuestro País, está establecido mediante las normas vigentes, que los límites permisibles de contaminación acústica o sonora son: en zonas de protección especial 50 decibeles A (dBA) en horario diurno y  40 en horario nocturno, en zona residencial 60 dBA y 50 dBA respectivamente, en zona comercial 70 dBA y 60 dBA, y en zona Industrial 80 dBA y 70 dBA. En muchas ciudades, principalmente en las grandes y medianas, estos límites permisibles son superados, existiendo entonces contaminación acústica. Y, esta contaminación es producida principalmente por el claxon y ruido de los vehículos, ruidos en fiestas públicas, y ruidos en discotecas, entre otros; y si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien.

                                                                                                                                                                        

También en las ciudades, centros poblados y otras localidades de la jurisdicción de las Municipalidades, se superan los límites permisibles de gases (CO, CO2, HC, O2 y NOx) así como de otros compuestos, partículas y materias específicas; que son liberadas a la atmósfera a través del escape de los motores de combustión interna de vehículos y fábricas, así como de polvaredas en las construcciones y en vías no pavimentadas; generando contaminación.

  1. Contaminación del agua (usada para abastecimiento de los sistemas de agua potable y para riego) y deterioro de los recursos naturales de las cuencas, por la contaminación de la actividad minería irresponsable

Según el Mapa de Proyectos en Exploración y Unidades en Producción 2014, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en nuestro País el 14.8% del territorio nacional que equivale a 18 millones 979 mil hectáreas esta concesionado a la minería (metálica, gas, fosfatos, petróleo, etc.), y en 1 millón 604 mil 105 hectáreas que es el 1.25% del territorio nacional se realiza actividad minera, mediante 593 unidades en producción y 483 en exploración; siendo el 63.6% del territorio que corresponde a 81 millones 781 mil 437 hectáreas áreas restringidas a la actividad minera. La mayor concentración de unidades en producción está en Loreto con 94, Junín 76, Arequipa 75, Lima con 59, La Libertad 53, Ancash 45, Piura con 29, Ica 28, Cajamarca con 24, Ayacucho 21 y Puno con 19.

El MINEM también estima que actualmente la cartera de inversión en minería se encuentra compuesta por 51 principales proyectos, que incluye proyectos de ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación; y que en conjunto ascienden a US$ 63,928 millones. Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial. Algunos de los 51 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción, dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos.

                                                                                 

Lo anterior, y la información sobre los volúmenes y montos de exportación de minerales en nuestro País, demuestran la importancia que actualmente tiene la actividad minera para el crecimiento económico, pues es la principal fuente de ingresos. Debe por lo tanto ser aprovechada, pero las autoridades competentes a todo nivel tienen que exigir con rigor: que se realice la consulta previa a la población involucrada a fin de obtener una licencia social consensuada, o desestimar el proyecto si es lo más conveniente; el cumplimiento estricto de los estándares ambientales establecidos (nacionales e internacionales, mediante las normas vigentes), en las diferentes etapas de explotación; y buscar una distribución de beneficios más equitativa. Si se cumpliera lo anterior, la minería no tendría por qué contraponerse con el desarrollo económico y social en el País; pero la forma arbitraria y hasta fraudulenta como actualmente se obtiene la licencia social y el deficiente planteamiento de los estándares ambientales en los estudios de impacto ambiental, vienen generando los conflictos sociales actuales que rechazan la actividad minera por la contaminación que generaría. Y, el no cumplimiento de estos estándares ambientales en la etapa de producción, genera la contaminación de los ríos y cursos de agua de donde se extrae este recurso para potabilizarla y abastecer con ella a una buena cantidad de ciudades, y deteriora los recursos naturales de las cuencas en los lugares de explotación.

Hay poca información, pero la minería ilegal e informal, realizada en significativas extensiones de nuestro territorio nacional, en su mayoría depreda y contamina mucho el medio ambiente de los lugares donde se ubican las explotaciones, principalmente el agua y otros recursos naturales circundantes; pues no se respeta el uso recomendado de los suelos según la zonificación territorial, ni cumplen los estándares ambientales normados en nuestro País, y debido a que los micro extractores ilegales utilizan cianuro y mercurio, elementos químicos que al ser usados sin observar normas, protocolos ni medidas de seguridad, se convierten en contaminantes tóxicos y dañinos para la salud humana, la agricultura y el ecosistema..

                                                                           

  1. Escaza conciencia ambiental en los ciudadanos y en sus autoridades 

La población de las jurisdicciones de los Gobiernos Locales, percibe y hasta conoce los problemas ambientales antes señalados, y por ello es preocupante la escaza conciencia ambiental de los ciudadanos, expresada en hábitos y actitudes que contribuyen a la contaminación, tales como el arrojar basura en las calles, tocar el claxon desesperadamente, realizar fiestas en las vías públicas, tener poco control en la emisión de gases de sus autos; y en el desconocimiento o poco conocimiento de la normas ambientales. De igual forma las autoridades locales, y dentro de ellas los que conducen los Gobiernos Locales, actúan con poca conciencia y responsabilidad ambiental, razón por la cual aún también conociendo los problemas señalados, y existiendo las normas ambientales vigentes; no cumplen o han cumplido a medias con la conformación de sus Comisiones Ambientales Municipales; está en definición o han definido muy a la ligera la política ambiental para su ámbito; y no tienen o es deficiente la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental como los Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS), El Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), y la Agenda ambiental Local (AAL), entre otros.

                                                                                               

 

RETOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA UNA GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE.

Frente a los problemas antes descritos, y teniendo como marco legal las normas legales ambientales vigentes y la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972 y sus modificatorias) en sus artículos X, 73, 80 y 141; que establecen las competencias y funciones para: promover el desarrollo sostenible, la protección y conservación ambiental, el desarrollo de servicios de saneamiento y salubridad, y la responsabilidad de las Municipalidades rurales de la promoción y gestión sostenible de sus recursos naturales. Compete a los Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) promover y ejecutar acciones que permitan en sus jurisdicciones una gestión ambiental responsable, que contribuyan al desarrollo local sostenible de sus provincias y distritos.

En esa orientación, las Municipalidades actuales en su rol de Gobiernos Locales, tienen que cumplir con los siguientes retos para una gestión ambiental responsable en su jurisdicción municipal (sólo los enunciamos y describimos brevemente):

  1. Creación o Fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales (CAMs), por parte de los Gobiernos Locales, brindándoles las facilidades y recursos para que: elaboren un diagnostico participativo específico sobre temas ambientales, definan o redefinan participativamente la política ambiental de su ámbito, elaboren o actualicen los instrumentos de gestión ambiental (PIGARS, PAAL, AAL, etc.) y los proyectos necesarios; que deben ser puestos a disposición de las instancias ejecutivas de los Gobiernos Locales, para su ejecución. Las CAMs deben monitorear dicha ejecución.
  2. Impulsar proyectos y acciones eficientes y sostenibles para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos (basura) de su jurisdicción local. En grandes y medianas ciudades: rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, que dada la composición de los residuos sólidos incluyan el compostaje y la selección-clasificación de los residuos para ser reciclados, y su comercialización posterior; y centrales térmicas de biomasa para producir energía térmica renovable. En pequeñas ciudades y centros poblados rurales concentrados: micro rellenos sanitarios y plantas de compostaje. Hay que tener en cuenta para ello, las experiencias exitosas existentes en el País, tales como: los rellenos sanitarios de Lima, Callao e Ica; el relleno sanitario y planta de tratamiento de Cajamarca; la planta de energía eléctrica renovable “Central Térmica de Biomasa de Huaycoloro”; y las existentes también en otras ciudades importantes de Latinoamerica. Al respecto debe señalarse, que proyectos de este tipo han sido propuestos y hasta definidos a nivel de pre factibilidad o factibilidad en varios Gobiernos Locales (de ámbito grande principalmente), pero la falta de recursos económicos de los mimos, limita que se pongan en marcha, por lo que sería conveniente evaluar y definir la posibilidad de inversión privada, mediante concesiones y alianzas público privadas, que incluyan la recolección y transporte.
  3. Incluir o vigilar que se incluya en todos los proyectos de agua potable y saneamiento de su jurisdicción, el tratamiento de las aguas residuales que se produzcan, vigilando así mismo el buen funcionamiento de las PTARs construidas. Un avance actual importante, es la normativa y exigencia que el MVCS ha establecido para los proyectos de agua potable y saneamiento a todo nivel, por lo que en este marco de situación, los Gobiernos Locales deben supervisar que en la elaboración y ejecución de estos proyectos se cumplan con las normas y estándares establecidos. Una vez construidos estos proyectos, los Gobiernos Locales deben vigilar que todo el sistema, principalmente las PTARs tengan buen funcionamiento, y así cumplan con su finalidad de mejorar las condiciones de salubridad. Para ello, deben incluir también en esta labor la capacitación a la población, a los operadores de los sistemas, y en las localidades rurales a las JAAS, o vigilar que esta capacitación se haga bien en contenido, metodología y resultados, en aquellos proyectos que ya la consideran.
  4. Promover el reusó de aguas residuales tratadas en las PTARs, planificando en áreas cercanas a ellas proyectos de reforestación con bambú, tara, u otros árboles de la zona. Al respecto, actualmente la mayoría de las aguas residuales que han sido tratadas en las PTARs, también son eliminadas al mar, ríos u otros cursos de agua; o en algunos casos es usada informalmente, sin planificación, y sin ningún tipo de control en el riego de cultivos como forrajes y hortalizas; existiendo también algunas experiencias de uso de estas aguas en áreas de forestales, riego de áreas verdes, e instalación de forrajes y otros cultivos, promovidas por Municipios y Universidades. Pero, si dicho tratamiento a cumplido con los estándares de calidad establecidos para estos casos, el agua final producida esta enriquecida con ciertos minerales (que deben analizarse, por la posible presencia de desechos industriales) y es un recurso importante que no debería desperdiciarse, más aún con las limitaciones de disponibilidad de agua que originará el cambio climático. Por lo que, donde existan áreas disponibles cercanas a dichas PTARs, debe utilizarse para instalar áreas de bambú, tara u otros árboles de la zona, en asocio con productores de la zona o empresas interesadas. Posteriormente, evaluada la calidad necesaria de estas aguas, se podrá promover la instalación de forrajes y la consiguiente actividad pecuaria, hortalizas u otros cultivos, e incluso acuicultura. Hay que tener en cuenta, que los lodos extraídos después de 5 años de operación continua de las lagunas, y tratados  debidamente, pueden ser utilizados como fertilizante de los forestales, forrajes o cultivos instalados.
  5. Emitir ordenanzas y controlar la contaminación acústica y la producida por emisión de gases y material particulado. Actualmente existen en el País algunas experiencias de normar y controlar la contaminación acústica y aquella originada por emisión de gases y material particulado, aplicando incluso multas para los infractores; es el caso de Miraflores y San Isidro en Lima, entre otros. Por lo que siendo este tipo de contaminación, también muy dañina para la salud y bienestar de las familias y población, es necesario que todos los Gobiernos Locales adopten Planes de Acción para la prevención y control de la contaminación acústica y la producida por emisión de gases y material particulado, que incluyan la emisión de normas (ordenanzas), y que obliguen a los ciudadanos a no sobrepasar los límites permisibles normados, controlando su cumplimiento, y de ser necesario aplicar los correctivos correspondientes, incluido multas por infracción de las mismas.
  6. Participar activamente en las acciones previas a la actividad minera, así como en las acciones de previsión y control en las etapas de exploración y producción, vigilando que la misma se realice en forma responsable, y así la minería no se contraponga con el desarrollo económico y social de su jurisdicción. En tal sentido, los Gobiernos Locales como representantes auténticos de la población involucrada, en forma individual o como Mancomunidades organizadas, necesariamente deben ser convocados para que participen de la consulta previa, y ellos promover la participación amplia de la población en la misma a fin de obtener una licencia social consensuada, y si el resultado lleva a desestimar el proyecto, el mismo se respete sin conflictos sociales. Y, en las etapas de exploración y producción, los Gobiernos Locales individualmente u organizados en Mancomunidades deben promover instancias institucionales especializadas para controlar el cumplimiento estricto de los estándares ambientales establecidos (nacionales e internacionales) y participar activamente en ellas, evitando de este modo que la actividad minera que se realiza en su jurisdicción, contamine los ríos, quebradas, otros cursos de agua y acuíferos, evitando también el deterioro de los recursos naturales de las cuencas donde se realiza dicha actividad. En relación a la minería ilegal e informal, que se desarrolla en sus jurisdicciones, deben los Gobiernos Locales promover su empadronamiento como tales, así como exigir y dar facilidades para su formalización, y mediante las instancias institucionales especializadas también controlar el cumplimiento estricto de los estándares ambientales establecidos.
  7. Promover en asocio con instituciones especializadas, la formación de promotores y líderes ambientales en sus Distritos y Provincias, que participen activamente en la implementación de por lo menos una Campaña anual de sensibilización y educación a la población, en los temas ambientales prioritarios de sus jurisdicciones; así como promover en las Instituciones educativas de todo nivel de su jurisdicción la elaboración y ejecución de un programa de educación ambiental y capacitación.
  8. Promoción y establecimiento de un sistema de vigilancia ciudadana, con participación de las CAMs, los promotores y líderes ambientales, y de las principales organizaciones, que monitoree y vele por la implementación  de los retos antes señalados, y este pendiente de otros problemas ambientales que puedan ser necesaria su atención, alertando a las autoridades pertinentes.
Visto 11446 veces Modificado por última vez en Lunes, 18 Mayo 2015 15:47
Francisco Mauri Espinoza Millones

Asociado del Centro IDEAS. Ingeniero Agrícola, Master en Dirección y Gestión Empresarial, y con estudios culminados de Maestría en Ingeniería Ambiental, así como capacitación especializada en Gerencia Social, Agroecología y Desarrollo Rural, Proyectos de Inversión en el marco del SNIP, Gestión de Recursos Hídricos y Manejo de Cuenca. Trabajó en el Programa Piura del Centro IDEAS en el período 1983 – 1997, ocupando los cargos de: Promotor de Campo, Responsable de la Unidad de Recursos Hídricos y Manejo de Cuenca, Responsable del Equipo Técnico, Director del Programa, Responsable del trabajo de gestión de recursos hídricos en el Valle del Alto Piura, e Integrante del Consejo Directivo a nivel Nacional. Posteriormente ha trabajado como Jefe Zonal de FONCODES - Chiclayo, y actualmente se dedica a la actividad privada como Gerente General de la Empresa FRIJDEC S.A. dedicada al rubro de consultorías y proyectos para el desarrollo. También actualmente es Presidente de la ONG CICAP e Integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Centros (ANC).

PUBLICACIONES

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. “Gestión Ambiental Responsable y Ciudadanía Ambiental Activa, desde Los Gobiernos Locales” artículo publicado en las página web de la ONG CICAP, Junio 2010

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. “Los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, tratamiento de aguas residuales en la Región Lambayeque” artículo publicado en la página web de la ONG CICAP, Marzo 2010

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. “¡Núcleos Ejecutores Si! Pero Auténticamente Democráticos” artículo publicado en las páginas web de las ONGs CICAP e IDEAS, y en el portal de “La mula.com”, Setiembre 2009

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. "Mejoramiento de la disponibilidad y uso del agua de riego en el Alto Piura, 1987 - 1991". En el libro: Pequeños Proyectos de Riego - Sistematización de experiencias de promoción. Lima, Mayo 1994.

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. "El Estado Unico Dueño del Agua", en Revista: MINKA, No. 26, año 1990. Grupo Asociado Talpuy. Huancayo Perú, Enero 1990.

ESPINOZA MILLONES, Francisco M. "La experiencia del Centro IDEAS en la Comunidad Campesina de Andanjo" en: Experiencias de Desarrollo Popular, No. 10. DESCO CES "SOLIDARIDAD", Lima 1989.

en es

Lo + reciente

EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES AGRICULTORES
 La capacitación a jóvenes en constante 
Viernes, 17 Noviembre 2017 18:40

A OCHO MESES DEL DESBORDE DEL RÍO, LAS FAMILIAS PIURANAS CONTINUAN EN ALBERGUES
Situación no ha cambiado
Jueves, 16 Noviembre 2017 00:00

XIII CONGRESO REGIONAL DE LA MUJER "MUJERES RECONSTRUYENDO PIURA CON IGUALDAD DE GÉNERO" SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE
La Asamblea del Consejo Regional de Igualdad de Género se…
Martes, 14 Noviembre 2017 22:45

SE INSTALÓ MESA DE CONCERTACIÓN REGIONAL POR EL BUEN TRATO
Para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes…
Martes, 14 Noviembre 2017 22:33

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Institución

El Centro IDEAS es una ONG con 38 años de vida institucional, que promueve el desarrollo humano, la agricultura ecológica y que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, con énfasis en la niñez, adolescencia y mujeres. 

Contacto

Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoría y Servicios

  Pasaje Capri 140, Urb. Palomar Norte, La Victoria, Lima - Perú
  (+51) 476-0759
  postmast@ideas.org.pe