Viernes, 16 Julio 2010

Estado de Derecho y Democracia Participativa

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Todas las grandes civilizaciones en la historia humana han debido construirse con apego a reglas, normas e instituciones que intentaron conducir - en la mayoría de casos forzar- el comportamiento de las personas y hacer evidentes los atributos de quienes tenían el poder. Los nombres con los que dieron a conocer estas reglas son muy variados, a veces se llamaron códigos, otras veces mandamientos, en ocasiones tratados, cartas,  posteriormente constituciones, etc. Se puede decir que las pretensiones de fondo de lo que hoy llamamos Estado de Derecho tienen antecedentes en aquellos esfuerzos civilizadores.

El Estado de Derecho fue la reivindicación y el argumento de cambio de determinadas clases de la sociedad moderna occidental frente a las viejas monarquías, los estados feudales y sus estamentos. Estado de Derecho es pues el nombre moderno con el que se designa al cuerpo jurídico institucional de la Democracia. Si bien existe un consenso entre los especialistas respecto de lo que serían  los exigibles mínimos para que un orden sociopolítico pueda ser aceptado como Estado de Derecho, la realidad es que estos mínimos corresponden a contextos y momentos distintos que ha tenido la construcción de la democracia en cada región del mundo.

En América Latina, la discusión sobre el Estado de Derecho coincidió con circunstancias específicas en las postrimerías del siglo XX, algunas de sus razones mantienen actualidad: momentos de resistencia social y política ante regímenes dictatoriales; transiciones democráticas que intentaban poner fin a rezagos autocráticos; conflictos armado internos a los que se quería poner fin mediante acuerdos de paz; coyunturas de fuerte presión internacional para corregir o reencaminar formas de gobierno que derivaban hacia el autoritarismo o para presionar a favor del cese de regímenes no democráticos; situaciones caracterizadas por graves atentados contra los derechos humanos y fundamentales, descomposición social y política, etc.  De modo más reciente, el debate sobre el Estado de Derecho ha incluido temas de agenda para procesos de consolidación democrática.

En el caso del Perú, el debate sobre el Estado de Derecho incorpora temas que son de cotidiana preocupación de los ciudadanos: la aspiración a eliminar el racismo en el trato diario y en las oportunidades laborales; el rechazo a las conocidas preferencias por beneficiar a la “argolla” y no a quienes tienen méritos; el deseo de no sentirse “ninguneado” por la práctica de discriminar entre ciudadanos de “primera clase” y de “segunda clase”, la sensación arraigada -y objetivamente sustentada- de que la ley está hecha para favorecer  a algunos y no a todos o de que las disposiciones jurídicas sirven de muy poco  pues “hecha la ley, hecha la trampa” o, peor aún, de que la ley se usa para que el poderoso se vengue de sus adversarios, lo que se resume en el mensaje que deja implícito el estilo arbitrario y déspota de gobierno: “para mis amigos: todo, para mis enemigos: la ley”.

 

Los Mínimos Exigibles y los Modelos del Estado de Derecho

Originalmente el concepto Estado de Derecho quería decir lo que expresa su nombre: apego y obediencia de la ley.  Es decir que todos, gobernantes y gobernados, deberían estar obligados a cumplir por igual la ley.  Esta es la visión más tradicional y limitada del concepto pero es la piedra angular en el edificio de la democracia. Si no se respeta este principio la vida social se regiría por simples correlaciones de fuerza, es decir, el ”orden social” se basaría en la ley del más fuerte.   

En su evolución, el concepto Estado de Derecho ha ido contemplando otros componentes además del “imperio de la ley”. Entre estos componentes se encuentran principios y mecanismos como los siguientes: la división de poderes del Estado entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo; la fiscalización y el control de los gobernantes y de los funcionarios públicos; la garantía de procedimientos legales e iguales en el caso de procesos judiciales; la obligación de rendir cuentas; la protección de derechos y la exigencia de responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas, etc.

En los países o regiones con larga tradición democrática, el Estado de Derecho se ha ido configurando a través de lo que Elías Díaz denomina tres grandes modelos: el Estado Liberal de Derecho, el Estado Social de Derecho y el Estado Democrático de Derecho1. Analizando cuatro grandes ámbitos – Estado, Sociedad, Economía y Derecho -  Díaz observa que el Estado Liberal de Derecho se caracterizó por: tener un Estado sostenido en muy pocos votantes que se abstenía de intervenir en temas públicos dejando las decisiones a los juegos de poder; por fomentar una sociedad individualista y de baja participación; por instalar una economía cuya competitividad estaba basada exclusivamente en el libre mercado y las garantías para los inversionistas, y por un Derecho de que estaba referido sólo a los derechos civiles y políticos clásicos, aunque restringidos a unos pocos (propietarios, adultos, hombres). La presión ciudadana y los conflictos sociales evidenciaron lo limitado de este modelo de Estado de Derecho y lo fueron transformando.

El Estado Social de Derecho se caracterizó por ser un Estado Intervencionista en la economía, por promover una sociedad de masas y consumista pero sobre todo por estructurarse en base a grandes corporaciones patronales y sindicales que pactaban entre sí y con el  Estado; por una economía que sin dejar de ser capitalista era dirigida por el Estado, pero articulada a un  Estado Social que en el campo del derecho buscaba extender a todos los derechos civiles y políticos, agregando derechos sociales (salud, educación, seguridad social, vivienda, etc.) y culturales. Las posteriores crisis fiscales y su consecuente imposibilidad de ofrecer garantías reales al cumplimiento de los derechos sociales terminaron por hacer sucumbir esta modalidad de Estado de Derecho.

El Estado Democrático de Derecho es un modelo en construcción, en parte una aspiración ética. Aquí el Estado interviene pero en aspectos cualitativamente importantes y selectivamente, en articulación con la sociedad civil. La sociedad a su vez es fuerte, densa, ya no son protagonistas sólo ni principalmente las corporaciones sino los movimientos sociales y las ONG, es una sociedad civil que genera entendimientos con la estructura jurídico-política. La economía se basa en la pluralidad de economía privada basada en el mercado pero con otras formas económicas que incluyen al sector público estatal y social. Dentro de ello el Estado tiene una triple función: de producción, de redistribución y de regulación. Por su parte, el derecho no sólo reconoce y trata de garantizar -para todos- los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sino que reconoce y busca garantizar nuevos derechos referidos a: minorías étnicas, sexualidad, lengua, inmigración, derechos de niños, mujeres, ancianos, derecho a la paz, a un ambiente y a tecnologías sostenibles, a una alimentación sana, etc. Este Estado de Derecho exige una calidad distinta de gobernantes pero también de ciudadanía, por ejemplo ciudadanos y ciudadanas que no esperen todo de un estado paternalista sino que practiquen  “libre autoexigencia personal para una ética del trabajo, del esfuerzo, del mérito, la capacidad, la intervención participativa y solidaria”. Para Díaz, las posibilidades de consolidar un Estado Democrático de Derecho tomará tiempo y requerimientos en recursos que quizá ahora no se tenga plenamente, pero ello no debe hacer perder el interés y la fuerza de construirlo pues es cultural y éticamente exigible.

 

Limitaciones y desviaciones en la construcción del Estado de Derecho

Algunos problemas para tener un Estado de Derecho avanzado provienen no tanto de las leyes y normas sino de las características del propio Estado como organización política. Por ejemplo, en el Perú el Estado claramente no llega a todo el territorio ni provee de servicios a todos los sectores, tiene una administración poco eficiente en los tres niveles de gobierno, no logra realmente convertirse en un Estado descentralizado, no es percibido por los ciudadanos como “su” Estado, tampoco está estructurado para lograr un grado de integración o articulación de sus pueblos originarios al conjunto de los procesos y beneficios del progreso, para redistribuir los logros del desarrollo económico, para garantizar algunos de los mínimos exigibles a un estado de Derecho. 

Muchos problemas resultan de la aplicación del Estado de Derecho. Como anota Guillermo O´Donnell, hay brechas que alteran el significado tradicional e impiden la aplicación del Estado de Derecho2:

- Defectos en la ley existente
- Aplicación incorrecta de la ley
- Relaciones discriminatorias de las burocracias con “los ciudadanos ordinarios”
- Problemas con el acceso a la justicia y al debido proceso
- Lagunas legales
- Permanencia de “subsistemas” informales de poder contradictorios con las estructuras formales del Estado.

Otros problemas provienen de la misma sociedad: sociedades civiles poco organizadas o con predominio excesivo de corporaciones que determinan que el Estado atienda a los fuertes y se olvide de los débiles; escaso desarrollo de una conciencia de ciudadanía, lo que condiciona que muchas personas acepten sobrevivir bajo condiciones no democráticas eligiendo a las peores personas desde el punto de vista del Estado de Derecho (autoritarias, corruptas, clientelísticas), viéndose a sí mismas más como súbditas que como ciudadanas. En el caso de Perú, la llamada cultura del “achoramiento” o de la “viveza criolla” determinan modos de pensar y comportamientos permisivos caracterizados por la transgresión permanente de las normas reglas básicas que garantizan una organización social sana. 

 

El Estado de Derecho en la Transición Democrática y en  la Consolidación Democrática

En los períodos de transición democrática, cuando se cambia de una de dictadura o un de régimen autocrático a uno democrático, las exigencias del Estado de Derecho se concentran en la recuperación del poder por las élites civiles y sus organizaciones democráticas representativas, en la garantía de restitución de derechos humanos conculcados, en el desmantelamiento de mecanismos clandestinos de ejercicio del poder, en la reinstitucionalización de las organizaciones fundamentales del estado, en buscar la garantía de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo, en la recuperación de libertades civiles y políticas (como derechos de elegir y ser elegido, de expresar opinión y de organización). Esa fue la situación que, por ejemplo, vivió el Perú claramente entre los años 2001 y 2002.

Pero en las fases posteriores propiamente de consolidación de la democracia, los  criterios con los que se debe construir la institucionalidad jurídico-política que determina el Estado de Derecho es más exigente. Incluye preocupaciones como: lograr una adecuada representación y atención de los diversos intereses de la sociedad, fortalecer los sistemas de partidos, incluir a los tradicionalmente excluidos de la comunidad política, fomentar una participación ciudadana de alta  calidad en los asuntos públicos, atender derechos clásicos como los nuevos derechos, lograr que la hacienda pública esté no sólo saneada sino que el bienestar derivado sea una oportunidad para todos, garantizar que el desarrollo económico continúe pero en una visión de desarrollo humano sostenible que no afecte derechos para nuevas generaciones, prever o transformar los conflictos sociales en nuevas condiciones para arreglos institucionales superiores e incluyentes, generar una conciencia y una actitud ciudadana más participativa como responsable del destino de los bienes públicos,  entre otros temas.

Dicho de otro modo, la consolidación democrática requiere el imperio de la ley, pero en un marco institucional que garantice que las leyes provengan de procedimientos democráticos, que contemplen los diversos intereses y su satisfacción, que resulten de una amplia y profunda participación ciudadana tanto en las decisiones como en los beneficios del desarrollo de tal manera que se generalice la adhesión a los principios y mecanismos del Estado de Derecho. 

Para un  país como el Perú, que ha vivido un cruento conflicto armado interno, en el que persiste una economía de crece pero con subsistencia de grandes desigualdades, que tiene un territorio donde el narcotráfico se ha instalado y persisten fuerzas violentistas, donde la desconfianza hacia la autoridad nacional y local es generalizada, que tiene enormes dificultades para resolver democráticamente los conflictos sociales y socioambientales y donde la inseguridad ciudadana crece, el Estado de Derecho debe tener un diseño y una capacidad operacional para atender la exigente y perentoria agenda democrática de los derechos ciudadanos.

 

Estado de Derecho y Modalidades de Democracia

Sin Estado de Derecho no puede haber democracia, pero a su vez la calidad de la democracia influye sobre la posibilidad de existencia del Estado de Derecho. 

En la evolución de la democracia es posible identificar la coexistencia de tres grandes formas: la Democracia Directa, la Democracia Representativa y la Democracia Participativa. La primera, la democracia directa, corresponde a lo que por ley o por costumbre se practica en pequeñas comunidades organizaciones vecinales y gremiales, guarda cierta semejanza con las formas originarias y antiguas de la democracia cuando era ejercida en pequeñas ciudades con base en una ciudadanía restringida. En la democracia directa todos los integrantes de la comunidad política participan de modo directo a través de asambleas, cabildos abiertos, etc. La democracia directa también se puede expresar en movilizaciones sociales y en formas de lucha directa como paros, huelgas y manifestaciones pacíficas. 

La democracia representativa es la forma que ha alcanzado mayor legitimidad dentro de la institucionalización jurídico-política de la democracia, a nivel internacional y, como tal, es el núcleo de las constituciones en los estados democráticos. En la democracia representativa el foco de atención es el régimen político oficial que incluye el gobierno, la administración pública, el sistema de representación política, el sistema electoral, los derechos políticos de los ciudadanos. 

La democracia participativa (y deliberativa) es una experiencia emergente al interior de los procesos históricos de democracia representativa. Corresponde a una etapa de la democracia y del desarrollo humano en el que la sociedad civil ha alcanzado mayores niveles de participación en la esfera pública. La democracia participativa tiene como característica el utilizar mecanismos para el diálogo, la negociación y el acuerdo entre el Estado y la sociedad y al interior de la propia sociedad, en ocasiones estos mecanismos incluyen representantes de los gremios empresariales y laborales. Normalmente se ejerce en instancias pequeñas e intermedias donde pueden dialogar directamente delegados de múltiples organizaciones de la sociedad civil elegidas de modo directo y público, autoridades representativas elegidas por voto universal y secreto, dirigentes o coordinadores de redes sociales y temáticas, integrantes de organizaciones no gubernamentales e, incluso, personas del campo empresarial. 

En el Perú la democracia directa tiene legislación para algunos de sus núcleos organizados (comunidades, organizaciones vecinales), la democracia representativa es la oficialmente existente desde la independencia (al menos en la formalidad escrita, aunque muchas veces interrumpida) y la democracia participativa, si bien ha tenido experiencias fundacionales en la década de los 80s. de fines del siglo pasado (en Ilo), recién ha alcanzado estatus jurídico en el siglo XXI en las políticas de lucha contra la pobreza, en el Acuerdo Nacional, en las leyes de la descentralización que han creado un marco normativo nuevo con la constitución de espacios y mecanismos (CCR, CCL, mesas de concertación, comités e gestión, mesas de diálogo, consejos nacionales, etc.) y herramientas para su ejercicio (PDC, PP, PDCa). En algunas localidades del Perú han surgido experiencias  novedosas de democracia participativa que alcanzaron institucionalizarse mediante ordenanzas municipales: los sistemas de participación ciudadana. La experiencia peruana no es única, más bien comparte similitudes con procesos que ocurren cercanamente en Brasil pero también en países como España, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, y Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelandia3

Jimena Sánchez señala como fortalezas de la legislación peruana para la Democracia Participativa el que se haya consagrado los derechos de participación y vigilancia ciudadana a nivel constitucional (artículos 2º. 31º. 199º, entre otros), el que exista un marco legislativo que regula los derechos de participación y control (Ley 26300), la ley orgánica de municipalidades, el que contemos con la Ley Marco del Presupuesto Participativo, el que la sociedad civil tenga una cuota de participación en los Consejos de Coordinación Locales, distritales y provinciales. Lo mismo se puede indicar para el nivel regional de gobierno4

Luego de algunos años de ejercicio de la democracia participativa han surgido diversos balances. Han sido señalados elementos críticos como el excesivo formalismo y la poca frecuencia de las reuniones para el caso de los presupuestos participativos, la débil voluntad política concertadora de muchas autoridades locales y el escaso conocimiento y voluntad de los funcionarios para concertar con la sociedad civil, la poca coherencia entre los planes de desarrollo concertado y planes estratégicos con las decisiones de priorización anual de proyectos de inversión, el debilitamiento de la participación por ausencia de incentivos (pocos recursos asignados al presupuesto participativo) o por los costos de la participación o por factores derivados de manipulación de los asistentes por intereses particulares de algunas autoridades. Desde el lado del presupuesto público, se ha criticado la atomización de la inversión pública en pequeños proyectos sin mayor impacto. Por otro lado, con frecuencia los delegados de organizaciones no informan debidamente a sus bases ni consultan sus propuestas. A pesar de ello, los procesos de presupuesto participativo continúan y se sigue legislando para que los mismos ganen en eficacia y eficiencia bajo el criterio de trabajar por resultados. 

Un problema de fondo consiste en que la empresa privada, especialmente los grupos de mayor capacidad económica, y los sectores del Estado, no están incluidos en la legislación como parte de la institucionalidad de planificación concertada. Otro problema institucional es que los acuerdos de las instancias de democracia participativa no son vinculantes, es decir, que no son de mandato obligatorio para su ejecución por los respectivos gobiernos subnacionales.

Otra observación importante consiste en que estos espacios son muy sensibles a las situaciones de radicalización extrema de los conflictos sociales. Los temas de los conflictos no son parte de su agenda y generalmente las confrontaciones afectan su funcionamiento. 

En el Perú la opción por la democracia participativa tiene grupos impulsores en redes como la Red Perú de Iniciativas de Concertación para el desarrollo local, que la ha incorporado como parte sustantiva de su misión. De igual manera, la red  de municipalidades rurales REMURPE la promueve. Asimismo, diversas organizaciones gubernamentales colaboran decididamente en el impulso de experiencias de concertación local y regional y buscan institucionalizarlas mediante normas de gobiernos regionales y gobiernos locales. En el caso de la Red Perú, el abanico de propuestas de democracia participativa incluye estrategias de incidencia política, como el impulso de Acuerdos de Gobernabilidad entre candidatos/as y representantes de la sociedad civil en diversos territorios del país, una experiencia que tiene antecedentes en la campaña  electoral del año 2006 en alianza con otros proyectos y redes de  nivel nacional y regional.

Pero quizá la mayor experiencia de democracia participativa y concertada que muestra la importancia de sus principios de acción sea la vigencia del propio Acuerdo Nacional, surgido durante la transición democrática e institucionalizado como foro de concertación y como marco de políticas públicas (cuatro objetivos y 31 políticas de Estado). En el foro participan el gobierno, los partidos políticos con representación en el congreso, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial y las iglesias. El reciente Plan estratégico del Perú al 2021 ratifica la vigencia del Acuerdo Nacional como marco orientador.

 

Aportes de la Democracia Participativa a la calidad del Estado de derecho

¿De qué modo la Democracia Participativa contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho?

Por el momento podemos ensayar algunas respuestas que necesitarán investigaciones específicas para su validación.

• Al facilitar una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes, favorece el cumplimiento del primer principio: el Imperio de la Ley.
• la exigencia de rendición de cuentas y de transparencia, ayuda a frenar los abusos de autoridad y permite empoderar a los ciudadanos
• Al convertir a la sociedad civil en interlocutora del Estado, facilita que la división de poderes incluya el poder de la propia sociedad, la razón esencial del Estado de Derecho, esto es, que la gente tenga derechos y los pueda ejercer para vivir mejor. 
• Al visibilizar a sectores sociales que antes no participaban en las decisiones (mujeres, minorías étnicas, discapacitados, etc.), permite que el Estado de Derecho sea efectivamente incluyente.
• Al fomentar espacios de deliberación pública entre el Estado y la sociedad, favorece que se institucionalice la cultura de diálogo y concertación (Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional).
• Al incluir a sectores antes no considerados en el espacio y en el debate público, permite visibilizar nuevas necesidades y la importancia de garantizar el ejercicio de los nuevos derechos ciudadanos. Es un apoyo para la universalización de derechos pero sin uniformización.
• Al llevarse a cabo a través de procesos de planificación y gestión participativa desde los niveles locales de gobierno, incrementa las posibilidades de contar con una ciudadanía informada y favorece el desarrollo de una conciencia y una actitud de corresponsabilidad con la gobernabilidad democrática.  
• Al promover la planificación concertada puede ayudar a generar condiciones para afianzar valores de solidaridad en contraposición a valores exclusivamente individualistas, en todo caso los puede complementar y equilibrar.
• Al estar abierta a considerar la validez de una pluralidad de estrategias para alcanzar el desarrollo, contemplando los ámbitos familiar, comunal y societal, puede enriquecer la institucionalización jurídico-política pero con flexibilidad o menor rigidez, lo que facilita el desarrollo humano.

 

Anotaciones a modo de recomendaciones para candidatos/as y líderes de sociedad civil 

Es muy importante que los liderazgos de nueva generación y las autoridades próximas a asumir responsabilidades de gestión prefiguren algunos rasgos que ayuden a fortalecer el Estado de Derecho. A continuación, algunas recomendaciones de orientación general.

1- Valorar y defender el Estado de Derecho, tanto en su principio básico de imperio de la ley como en los alcances actuales que tienen que ver con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los llamados nuevos derechos.
2- Legislar  y gestionar con apego a la ley, con igualdad de oportunidades para todos/as. 
3- Fortalecer los procesos, mecanismos e instrumentos de la democracia participativa y deliberativa existentes en el Perú, complementarios de la democracia directa y la democracia representativa, expresados en la constitución como en las leyes de la descentralización, avanzar hacia la formación de verdaderos sistemas de participación ciudadana locales.
4- Cumplir y hacer cumplir los requisitos para candidatear (declaración jurada, ley de cuotas y planes de gobierno), cumplir las ofertar electorales como parte del contrato  social, promover los acuerdos de gobernabilidad.
5- Participar activamente en la institucionalización del tratamiento de los conflictos sociales y socioambientales dentro de una cultura de diálogo y concertación.
6- Fomentar espacios públicos deliberativos con amplia participación ciudadana, sin exclusión de los menos organizados y  de la población vulnerable.
7- Erradicar realmente toda forma de discriminación en la gestión en razón de ideología, sexo, lengua y cultura, condición socioeconómica, religión, etc. Dar oportunidades de desarrollo de modo inclusivo.
8- Ser transparente y rendir cuentas. Apoyar los esfuerzos democráticos de vigilancia ciudadana. Esforzarse especialmente en erradicar o prevenir la corrupción.
9- Contribuir al desarrollo de capacidades de gestión de los funcionarios dentro de modelos de concertación pública y privada.
10- Contribuir al desarrollo de capacidades de ciudadanía integral.
11- Construir o adaptar indicadores de institucionalización democrática y evaluar los logros.

 

Preparado para el curso Formando a Nuevos Actores, de la red Perú.

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1. Díaz, Elías, “Estado de Derecho y legitimidad democrática”, en  El Estado de Derecho: dilemas para América latina. Carbonell Miguel y Rodolfo Vásquez(compiladores). Palestra Editores, Lima, 2009.
2. Citado en Ordóñez, Jaime y Rotsay Rosales (editores) en “¿Democracia sin reglas? Debilidades del estado de Derecho en la construcción democrática de América Central”. OEA, Observatorio para la democracia, Estudios para el futuro. San José de Costa Rica. 2004.
3. Ver Ciudadanos y decisiones públicas. Font Joan (Coordinador). Editorial Ariel S.A. Barcelona, 2001.
4. Sánchez Velarde, Jimena. Legislación sobre participación ciudadana en municipalidades: fortalezas y debilidades. En Díaz Palacios, Julio, Julio Chávez Achong, Anna María Lauro, Lucy Guerrero y Amalia Nicoll (editores), Democracia Participativa. Aportes para el debate. Red Perú de iniciativas de concertación para el desarrollo local. Lima, 2009.


5 Fuente: Oficina de Estadística Red Bajo Piura, 2014

Visto 8469 veces Modificado por última vez en Miércoles, 05 Noviembre 2014 00:31
Julio Chávez Achong

Asociado de Centro IDEAS desde 1980. Licenciado en Sociología y Egresado de la Maestría de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente y doctorando en Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

En Centro IDEAS ha dirigido proyectos de promoción del desarrollo rural y de investigación agraria participativa, ha coordinado redes de sociedad civil para la incidencia pública y el desarrollo de capacidades, y ha realizado y publicado sistematizaciones e investigaciones sobre institucionalidad y gobernabilidad democrática. Ha ocupado diversos cargos en Centro IDEAS, incluyendo la dirección nacional y la presidencia.

Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Agraria - La Molina, donde es profesor-investigador en temas socioambientales, con artículos publicados en las revistas Tierra Nuestra, Anales Científicos y SEPIA, en Perú, y en la Revista Lusófona de Educación (Portugal), entre y otras. 

Sitio Web: juliochavezachong.blogspot.com
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